HACER USO DE UN DERECHO.EL VOLUMEN DEL ABSURDO. VISIÓN IUSÉTICA Juan José Bocaranda E

HACER USO DE UN DERECHO.EL VOLUMEN DEL ABSURDO.

VISIÓN IUSÉTICA

Juan José Bocaranda E

En ocasiones se amenaza con  iniciar, o en efecto se inicia,  proceso civil o penal contra una persona natural o jurídica que pretenda ejercer  un derecho establecido a su favor por la ley. Por ejemplo, cuando el vendedor exige al comprador el cumplimiento del contrato, y éste manifiesta que interpondrá demanda contra el primero por el hecho de reclamar. O cuando alguien exige un derecho en forma pública, mediante denuncia escrita o verbal, y el aludido sale  amenazando con interponer demanda contra aquél, quien, justamente, está haciendo uso de un derecho.

Quienes así actúan obran con torpeza evidente, o porque manifiestan una ignorancia crasa del Derecho o porque les impulsa una mala intención deliberada.

La cuestión no requeriría de mayor explicación porque esos planteamientos, esas reacciones, abrigan un absurdo formidable.

La ley establece a todo ciudadano derechos y obligaciones que cumplir, y si una persona se sujeta a la ley para exigir el derecho que ésta le reconoce, queda totalmente fuera de lugar y del área de la razón afirmar lo contrario, ya que esto significa que el pretensor quiere estar por encima de la ley y ajustarla a su capricho o conveniencia. Lo cual luce, más que risible, ridículo.

Para salir al paso a estos hechos de torpeza, necedad o, mejor, estupidez, la sabiduría de los romanos consagró la máxima Neminem laedit qui suo jure utitur, que sIgnifica “quien ejerce su derecho no causa mal a nadie”.

Por consiguiente, el que hace uso de un derecho, justifica su acción y no es imputable en forma alguna, a menos que haya exceso en el ejercicio de ese derecho. Y si llegare a causar daños a la contraparte, éstos no serían causa de procesabilidad, civil ni penal, si los mismos son consecuencia inherente al ejercicio del derecho.

También en ocasiones se amenaza con acciones penales a los ciudadanos que reclaman el cumplimiento de la Constitución, el respeto a los Derechos Humanos, el ejercicio del Poder con sujeción a la ley, el funcionamiento idóneo de las instituciones del Estado, o cuando ejercen el derecho al voto, a la libre expresión del pensamiento, al derecho de tránsito, al derecho a reclamar por ante los organismos internacionales reconocidos por la legislación del país, etc. etc. Más aun: se amenaza con cárcel  a los parlamentarios aunque se limiten en forma estricta a los parámetros constitucionales y legales. Todo, porque quienes incurren en aquel absurdo, ven o quieren ver en el ejercicio de tales derechos o facultades, un especie de conjura contra el Estado, olvidando en forma deliberada que se trata de derechos y facultades consagrados por la Constitución y por las leyes.

No sería necesario decirlo, por obvio, pero es absolutamente notorio

1º. que, conforme a la Constitución, ésta y la ley estatuyen las atribuciones de los órganos del Poder Público y que, por consiguiente, los funcionarios que actúan en este marco,  no sólo no lesionan derechos del Estado ni de los particulares, sino que, por el contrario están obligados a cumplir, pues para ello, precisamente, han sido electos.

2º. que cuando el funcionario realiza sus funciones en el ámbito constitucional debido, sin usurpación de autoridad, los actos que así realicen son válidos, por lo que no dan causa al enjuiciamiento.

3º. que el funcionario no incurre en responsabilidad individual a menos que cometa abuso de poder, desviación de poder, violación de la Constitución o violación de la ley.

4º. que si el funcionario presta servicios a la Administración Pública no viola derechos sino que por el contrario acata el Derecho si actúa por los ciudadanos cumpliendo determinados principios como la  honestidad, la celeridad, la eficacia, etc.

El que hace uso de un derecho (o de una atribución constitucional), no causa daño a nadie. Antes por el contrario, se ajusta a la ley.

Quienes ignoren o desechen esta máxima, actúan por los caminos tortuosos de la mala fe, si colocan por encima de toda otra consideración los fines políticos, desestimando los Derechos Humanos y los intereses de la Nación. Por ello perpetran la violación del Principio Ético literalmente consagrado en el Artículo 2º de la Constitución.  A menos que la ceguera moral de quienes ignoren o nieguen esta disposición constitucional, sea de tal magnitud e intensidad, que también pretendan llevar a juicio a todo el que haga uso del derecho a leer.