ENFOQUE IUS-ETICO DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

ENFOQUE IUS-ÉTICO DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

Juan José Bocaranda E

Nota previa

Cuando el 25 de agosto de 2004 publicamos la primera edición de nuestra obra IUS-ÉTICA, EL DERECHO DEL NUEVO MILENIO, expresamos, respecto a la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, lo siguiente:

Imperando el Principio Ético en las actuaciones de la OEA, resulta más que lógico admitir que este Principio debe operar también en toda la estructura normativa de la Organización, incluyendo la CARTA DEMOCRATICA INTERAMERI­CANA, que viene a ser, implícitamente, CARTA ÉTICO-DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA.

Puntualizando en función del Principio Ético, se infiere que

1.  Toda democracia debe ser una democracia moralmente represen­tativa, y no reducirse a un ejercicio meramente jurídico y formal.

2.  El carácter participativo de la democracia debe contribuir a la con­validación de los valores democráticos sobre la base de los valores éticos.

3.  La solidaridad, ante todo moral, no es solidaridad entre los Estados sino entre los pueblos a los que éstos representan.

4.  Es deber moral de los Estados Miembros velar por la realización efectiva de los Derechos Humanos en todos y cada uno de los Estados de la Organización.

5.  La lucha contra la pobreza y por los derechos humanos, la educación y el medio ambiente, deben mirarse como un compromiso moral y no como simples objetivos de la Organización.

6.  El espíritu de lo hemisférico que anima la OEA subordina moral-mente los intereses de cada Estado Miembro; y, a la vez, los intereses hemisféricos están supeditados, moralmente, al espíritu de la univer­salidad.

7.  El desarrollo del Derecho Internacional no podrá ser pleno mientras se abstraiga de la necesidad básica de su desarrollo ético o moral.

8.  Los pueblos tienen derecho a una democracia éticamente concebida y jurídicamente realizada.

9.  La democracia éticamente concebida debe constituir un catalizador positivo del desarrollo moral, social, político y económico de los pueblos.

10.              El ejercicio efectivo de la democracia moralmente representativa es fundamental para la existencia de un Estado Ético de Derecho.

11.              El ejercicio de la democracia moralmente concebida supone una actitud ética del Estado en cuanto se refiere a la realización de las actividades gubernamentales, al concepto de responsabilidad en la gestión pública, a la realización de los derechos sociales y al respeto por la libertad de expresión y de prensa.

12.              El fortalecimiento moral de los partidos políticos es absolutamente necesario para que puedan adquirir la condición de instrumentos efica­ces y actualizados de la democracia en el Estado Ético de Derecho.

13.              La democracia moral es indispensable para la existencia y el ejer­cicio efectivo de la democracia jurídica y política, de las libertades fundamentales y de los derechos humanos.

14.              La discriminación y la intolerancia deben ser evaluadas, ante todo, conforme al Principio Ético.

15.              La Ley Moral prohibe hacer prevalecer el tratamiento político sobre el tratamiento ético, en la solución de conflictos internacionales o respecto a la violación de los Derechos Humanos y de los principios democráticos, por el Gobierno de alguno de los Estados Miembros.

16.              La suerte de los pueblos no debe ser sacrificada en aras de la conve­niencia o de los intereses particulares de los Gobiernos.

17.              Cuando los Jefes de Estado se desentienden de los graves atropellos que contra los Derechos Humanos perpetra el Gobierno de un Estado Miembro, incurren en corresponsabilidad moral por lesa dignidad, pues violan el Principio de la Injerencia Humanitaria.

De todo lo anterior se desprende que, cuando la OEA reconoce como indispensable la democracia representativa, sólo puede reconocer como tal la democracia que se desarrolla en cada Estado conforme a las exigencias de la Ley Moral. Y, del mismo modo, cuando promueve y consolida la democracia, debe hacerlo con criterios éticos y no con criterios puramente jurídicos ni, menos aun, puramente políticos o diplomáticos. Desde esta perspectiva, no es suficiente velar porque los pueblos tengan derecho a la democracia: es necesario vigilar y determinar si cada Gobierno promueve, defiende y realiza la democracia con clara consciencia de que se trata de una responsabilidad moral permanente.

Tampoco es suficiente como base de la democracia el "Estado de Derecho": se requiere un Estado Ético de Derecho. Por consiguiente, no debe exigirse a la ciudadanía una participación ética y responsable en el marco de la legalidad sin hacer igual exigencia y en primer término, a los propios Gobiernos.

Por encima de los gobiernos están los derechos de los gobernados y, primordialmente, la dignidad humana de éstos. La situación de riesgo de un proceso político institucional no siempre y necesariamente debe atribuirse a los gobernados, toda vez que puede provenir de los propios gobernantes cuando su conducta no se corresponde con los fines de una democracia éti­camente calificada.

El análisis de la situación, cuando se han de realizar visitas y otras gestio­nes respecto al ejercicio del poder, debe comenzar por un enfoque ético de la forma en que dicho ejercicio se desarrolla por parte de los gobernantes.

En ninguna situación ni circunstancia cabe hablar de la "ruptura del orden democrático" sin establecer, en primer lugar, si es el Gobierno el que la causa y en qué medida las reacciones del pueblo se justifican moralmente.

La democracia y los procesos democráticos no son fines en sí mismos: son medios moralmente calificados que deben ejercerse, esencialmente, en función de la dignidad humana.

La Ley Moral aconseja que los mecanismos de control que contempla la Carta sean revisados, reajustados, actualizados, imprimiéndoseles la agilidad necesaria para que la intervención de la Organización sea oportuna y eficaz, y pueda evitar graves conflagraciones internas en el país de que se trate.

La Organización debe distinguir las situaciones "normales", de un des­envolvimiento totalmente anómalo, como el que manifiestan los regímenes encaminados hacia la implantación progresiva de un sistema totalitario dis­puestos a subvertir las estructuras del Poder violando el sistema legal.

La Organización debe recurrir a mecanismos menos "diplomáticos" y de mayor drasticidad cuando observa cómo el Gobierno restringe día tras día las libertades y el ámbito de acción de los adversarios, en medio de un progresivo deterioro del ejercicio de los Derechos Humanos para determinados sectores de la población.

Es un absurdo que, entonces, mientras los acontecimientos políticos se precipitan en proporciones geométricas, la Organización se limite a las modosidades diplomáticas, en lugar de abrir paso a medios más claros, directos y eficaces. No hay derecho a sacrificar la libertad de un pueblo en aras de los balanceos, de agradable circunspección y buenas maneras, que diluyen el carácter y no concretan soluciones plausibles, éticamente calificadas.

OBSERVACIÓN FINAL

Estamos plenamente conscientes del terreno que estamos pisando. Conscientes de que la POLÍTICA, mientras no se transmute en POLIÉTICA, como necesariamente habrá de ocurrir algún día, se mantendrá como un auténtico “matadero”, como una “carnicería sangrienta”,  donde no hay principios sino intereses –y de los más abyectos—y donde no hay lealtades sino conveniencias. Estamos conscientes de todo esto. No obstante lo cual expresamos lo ya dicho, con la esperanza de que todo habrá de cambiar cuando la Humanidad supere sus graves deficiencias y tome el camino del ascenso moral y espiritual que le corresponde.

En las circunstancias políticas actuales, tanto a nivel nacional, como regional y universal, los incrédulos, por una parte, y los beneficiarios de los ríos revueltos, por la otra, sólo reirán de las “ilusiones utópicas” de un soñador. Sin embargo, esa actitud despectiva ante la Verdad, jamás queda impune porque la Historia, saturada de los efluvios de una nueva consciencia, pasa factura a los miopes y a los que no quieren ver, quienes serán juzgados por su complicidad, por su cobardía y por la actitud banal y superficial. También serán juzgados por los males que pudieron evitar y no evitaron, contribuyendo con su inconsciencia, al dolor de los individuos, de las sociedades y de la Humanidad. Pagarán no sólo por lo que pudieron hacer y no hicieron, sino también por lo que hubiesen debido dejar de hacer y sin embargo hicieron. Porque ser funcionario no es una casualidad: es un destino que implica una misión moral y espiritual que debe ser cumplida.